Una coalición de 25 estados, encabezada por Nueva York, llevó a la administración de Donald Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional para frenar una nueva ronda de aranceles aplicada a decenas de países, en un caso que vuelve a colocar bajo fiscalización el uso del poder comercial federal. La demanda, anunciada por la fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul junto a autoridades de otros 24 estados, sostiene que las medidas fueron impuestas de forma ilegal y que terminarán elevando los costos para consumidores y empresas en Estados Unidos.
El recurso plantea un contraste central entre el discurso oficial y el procedimiento seguido por la Casa Blanca. Según los demandantes, la administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio después de fracasar en intentos previos de sostener aranceles bajo otras disposiciones legales, y usó como argumento el combate al trabajo forzoso para restablecer gravámenes generalizados que ya habían sido anulados por los tribunales. La coalición pide que esos nuevos aranceles sean declarados ilegales por incumplir los requisitos exigidos por esa norma.
La presentación también advierte sobre señales de desgaste institucional en la forma en que se condujeron las investigaciones. En marzo de 2026, la administración anunció pesquisas sobre 59 países y la Unión Europea bajo la Sección 301 y, el 23 de julio, cuando expiraban los aranceles impulsados bajo la Sección 122, impuso nuevos gravámenes a esos socios comerciales. Los estados alegan que el gobierno no respetó los procedimientos legales y subrayan que, mientras procesos similares contra Brasil y China tomaron entre ocho meses y casi un año, esta vez se aseguró haber evaluado a 60 socios comerciales en menos de tres meses, una diferencia que ahora queda sometida a revisión judicial.