Las condenas dictadas esta semana por el caso Coral y Coral 5G volvieron a poner bajo la lupa una de las respuestas más citadas del poder frente a las denuncias por manejo de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras distintos sectores señalaban irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina contestó con esa frase, que luego sus seguidores emplearon para defender que su gestión estaba libre de actos ilícitos.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional marca ahora un contraste contundente con ese discurso. El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras declararlos culpables de integrar un entramado de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron sentenciados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
A su vez, recibieron condenas de 10 años de prisión Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Más que el cierre de un expediente judicial, la sentencia reactiva la exigencia de vigilancia sobre el uso de los fondos públicos y deja al descubierto el costo institucional de pasar por alto a tiempo las alertas sobre corrupción.