El nuevo Código Penal podría volver al Congreso para ajustes apenas 40 días después de su entrada en vigor. La posibilidad fue dejada abierta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en medio de observaciones de distintos sectores sobre el alcance de las sanciones y sus efectos sobre la libertad de expresión.
Pacheco sostuvo que “quizá tengamos que pasarle mano” a la pieza para hacer cambios “más amplios y complejos”, una admisión que coloca el foco no solo en la aprobación de la reforma, sino en su aplicación práctica y en la capacidad del Congreso para corregir a tiempo eventuales fallas de diseño.
La discusión llega cuando la nueva normativa apenas comienza a regir, lo que abre interrogantes sobre la calidad técnica del texto aprobado, el margen real para introducir modificaciones y el costo institucional de tener que retocar una ley tan sensible poco después de su entrada en vigor.
Las observaciones de varios sectores se han concentrado en el alcance de las sanciones y en su posible impacto sobre la libertad de expresión, dos puntos que vuelven a poner bajo revisión una reforma penal que ya había generado debate público durante su tramitación.
Por ahora, no se ha anunciado un calendario formal para introducir cambios, pero la señal enviada por la Cámara de Diputados obliga a seguir de cerca si el Congreso asumirá una revisión de fondo, con transparencia sobre los ajustes que se consideren y con explicaciones claras sobre por qué no quedaron resueltos antes de la promulgación.
En un tema de alta sensibilidad ciudadana, el control legislativo no termina con la aprobación de la ley: también exige corregir a tiempo, justificar cada modificación y evaluar si la norma está cumpliendo el objetivo de fortalecer el sistema penal sin afectar derechos fundamentales.