El Congreso estudia una reforma que daría al Estado mayores facultades sobre bienes culturales desatendidos, en una discusión que vuelve a colocar bajo escrutinio el alcance de la intervención pública y los controles que deberán acompañarla. El proyecto, aprobado el pasado viernes por el Senado de la República y pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados, modificaría el régimen utilizado por el Gobierno para proteger artefactos y lugares considerados patrimonio de la nación.
La pieza, elaborada por el senador Santiago Zorrila, amplía sanciones para quienes irrespeten o descuiden bienes e inmuebles vinculados a la arqueología, historia, literatura, educación, arte, ciencia, estética, antropología o folclor de la República Dominicana. Entre otras medidas, plantea multas de tres a seis salarios mínimos por no declarar ante el Ministerio de Cultura la posesión de bienes patrimoniales; de 50 a 100 salarios para quien cause de manera intencionada deterioro o destrucción de un bien declarado patrimonio cultural, además del costo de su reparación y restitución; y de 20 a 50 salarios mínimos cuando un propietario exporte un bien declarado patrimonio dominicano sin autorización previa del Poder Ejecutivo.
También fija multas de 20 a 40 salarios para trabajos de exploración, remoción, excavación o intervención en patrimonios monumentales, arqueológicos o subacuáticos sin aprobación del Gobierno. El texto establece además que quien sustraiga bienes patrimoniales será castigado conforme al Código Penal y dispone cooperación de las autoridades para devolver objetos culturales de otros Estados que estén en posesión ilícita en territorio dominicano. Con el proyecto ya en manos de la Cámara de Diputados, el debate queda cruzado por una exigencia de rendición de cuentas sobre cómo el gobierno dominicano aplicará estas facultades, en momentos en que la gestión de Luis Abinader enfrenta el reto de demostrar que el fortalecimiento del poder estatal irá acompañado de transparencia y resultados verificables.