El Colegio Médico Dominicano (CMD) llevó al Tribunal Constitucional dos artículos del nuevo Código Procesal Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader, al considerar que su aplicación puede golpear el funcionamiento del sistema de salud y empujar más costos sobre hospitales y pacientes.
La impugnación del gremio se centra en los efectos que, según su advertencia, tendría la norma sobre el ejercicio médico en áreas de alto riesgo y sobre la atención en centros con menos recursos. El CMD sostiene que la medida podría encarecer la práctica profesional y alejar a médicos de servicios sensibles, en un sistema que ya arrastra fallas estructurales.
La controversia abre un nuevo frente entre una decisión del Gobierno y las preocupaciones del sector salud, en un contexto donde las reformas legales deben evaluarse no solo por su alcance normativo, sino también por su costo, su implementación y su impacto real en la ciudadanía.
Aunque la promulgación forma parte de la agenda institucional del Ejecutivo, el caso deja sobre la mesa una exigencia de control público: determinar cómo se aplicarán esos artículos, qué efectos concretos tendrán en la prestación de servicios y si existe una evaluación suficiente sobre su repercusión en hospitales y médicos.
El debate ahora pasa al Tribunal Constitucional, donde el gremio espera que se ponderen los alcances de la ley frente a las alertas que ha levantado en el sector salud.