La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudió al Tribunal Constitucional con una acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social, al considerar que el nuevo esquema de per cápita diferenciado para distribuir recursos del Seguro Familiar de Salud podría afectar la cobertura y la calidad de la atención médica de cerca de un millón de dominicanos. La entidad, además, solicitó que el caso sea conocido con extrema urgencia y que la disposición quede suspendida de manera provisional.
La resolución establece un modelo que distribuye recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud en función de variables como la edad y el sexo de los afiliados. Aunque el mecanismo contempla mayores asignaciones para los grupos que, según los cálculos empleados, requieren más servicios médicos, la CNDH afirma que otros segmentos, especialmente jóvenes y personas consideradas de menor riesgo, podrían terminar con una asignación menor, lo que abre un frente de alerta sobre la protección efectiva dentro del sistema.
En su recurso, la entidad pide que el Tribunal Constitucional determine si la medida respeta los derechos a la igualdad, la seguridad social y la salud, así como las garantías del debido proceso recogidas en la Constitución. También pone en duda si la resolución se ajusta al artículo 3 de la Ley 87-01, que consagra los principios de universalidad, solidaridad, equidad y equilibrio financiero, en otro episodio de fiscalización sobre decisiones públicas que quedan bajo escrutinio por el posible choque entre el diseño técnico y sus consecuencias reales para los afiliados.