El Colegio Médico Dominicano (CMD) sometió una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos del nuevo Código Penal, al considerar que su aplicación tendría efectos directos sobre el ejercicio de la medicina en el país.
La decisión del gremio coloca en debate el alcance de una pieza legislativa que, más allá de su aprobación, deberá ser evaluada por sus consecuencias reales en el sistema de salud, especialmente en lo relativo al costo de la atención, los tiempos de respuesta y la seguridad jurídica de los profesionales.
De acuerdo con la posición expresada por el CMD, las disposiciones cuestionadas podrían encarecer los servicios, retrasar procedimientos y empujar a los médicos a una práctica más defensiva, con posibles repercusiones para los pacientes.
La acción presentada ante el Tribunal Constitucional abre ahora un nuevo frente de discusión sobre la pertinencia y el alcance de los artículos impugnados, así como sobre la necesidad de que el debate legislativo y judicial se acompañe de criterios de transparencia, proporcionalidad y evaluación de impacto en áreas sensibles como la salud.
En este contexto, la controversia no solo involucra al gremio médico, sino también la responsabilidad institucional de revisar si las normas aprobadas resguardan adecuadamente tanto los derechos de los pacientes como las condiciones en que se ejerce la medicina.