La medida de coerción contra diez imputados ligados a la presunta red desmantelada en la operación XL526 fue aplazada de nuevo hasta el miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana, en una demora adicional que deja sin resolución un proceso ya afectado por dos suspensiones previas y una interrupción en audiencia. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, atribuyó la suspensión a la carga laboral del tribunal y a las limitaciones de una sala que trabaja en jornadas matutinas y vespertinas.
Ese mismo día, el Ministerio Público terminó de presentar su solicitud de coerción, mientras los abogados de la defensa siguieron objetando la consistencia de las pruebas. Elvin Domínguez sostuvo ante el tribunal que el expediente no contiene víctimas plenamente identificadas y afirmó: “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”. Además, puso en duda evidencias recogidas en allanamientos realizados en 2024, al alegar que ciertos elementos habrían sido incorporados nuevamente a la investigación actual.
A esos señalamientos se sumó José Reinoso, quien señaló que parte de la acusación se sostiene en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin que se hayan presentado documentos originales que establezcan una relación. El nuevo aplazamiento, unido a los cuestionamientos de la defensa, vuelve a poner el foco en la necesidad de que el proceso avance con más solidez y sin más dilaciones en un caso de alto interés público.