La audiencia para conocer la medida de coerción contra los imputados de la Operación XL-526 volvió a aplazarse por tercera vez, en medio de cuestionamientos por la falta de los querellantes y las limitaciones de horario en el tribunal. La jueza Yiberty Polanco reprogramó la continuación para el miércoles 17 de junio en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
El Ministerio Público pide 12 meses de prisión preventiva para 10 acusados, a quienes atribuye formar parte de una presunta red de extorsión contra residentes en Estados Unidos. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa de varios imputados insistió en que ninguno de los querellantes ha comparecido personalmente en el proceso. “No hemos visto al primer estadounidense que diga que es víctima de este caso”, sostuvo la defensa.
El abogado Miguel Díaz señaló que, hasta ahora, no se ha presentado en audiencia ninguna persona que se identifique de manera directa como víctima del supuesto esquema. De acuerdo con la defensa, aunque el Ministerio Público afirma que las víctimas viven en Estados Unidos, esa condición ha dificultado su presencia directa, por lo que han sido representadas mediante poderes notariales. El nuevo aplazamiento deja abierto un flanco de fiscalización sobre el manejo del caso y vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema para sostener procesos de alto perfil sin retrasos ni vacíos en su desarrollo inicial.