Cuando se cumplen un año y dos meses del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, el proceso judicial avanza hacia una fase determinante con la decisión pautada para el 15 de junio sobre si Antonio y Maribel Espaillat serán enviados a juicio de fondo por homicidio involuntario. La audiencia preliminar se ha extendido durante varios meses entre aplazamientos, aportes de pruebas, intervenciones de víctimas y discusiones técnicas sobre las causas del desplome.
La causa vuelve así a colocar bajo examen la capacidad institucional de ofrecer respuestas a tiempo ante una tragedia de alto impacto social. La abogada Laura Acosta, representante de algunas víctimas, explicó que el debido proceso obliga al Estado a garantizar los derechos fundamentales de todas las partes y a evitar arbitrariedades. En el curso de la investigación, la defensa objetó no haber podido participar en un peritaje, lo que llevó a la intervención del juez y a la autorización de uno independiente.
Acosta también manifestó preocupación por la posible falta de participación de menores de edad, debido a que procesos civiles de consejos de familia no habrían concluido a tiempo. Aunque indicó que en la etapa preliminar el tribunal ha asegurado acceso a las pruebas y el ejercicio de la defensa en igualdad de condiciones, el avance del expediente, tras varios meses y apenas cinco audiencias, mantiene la atención sobre si el sistema está respondiendo con la celeridad y la inclusión que exigen las víctimas de una de las peores tragedias recientes del país.