La muerte de Marky Abraham García Gil, alias «Maiky», durante una persecución policial en el sector El Hatico, provincia La Vega, volvió a poner bajo presión la reforma de la Policía Nacional. El hecho, registrado el sábado 13 de junio, generó cuestionamientos tras versiones que indicaron que el joven habría levantado las manos en señal de rendición antes de ser abatido y que, después, su cuerpo fue retirado del lugar y arrastrado por un callejón.
Ante esas denuncias, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el Gobierno apuesta a que los agentes cumplan con los procesos debidos establecidos en los protocolos. Agregó que, cuando ocurre un caso que «sale de contexto», actúan de inmediato los organismos de inspectoría y asuntos internos, al tiempo que la Policía Nacional desarrolla su investigación interna y el Ministerio Público realiza las pesquisas dentro de su competencia.
La funcionaria reiteró que la transformación policial debe apoyarse en los derechos humanos y aseguró que no se persigue impunidad, sino transparencia. No obstante, el episodio vuelve a exponer la exigencia de rendición de cuentas sobre una reforma que sigue siendo observada a la luz de denuncias graves y de la demanda ciudadana de una Policía realmente cercana, capaz de servir y proteger sin apartarse del debido proceso.