La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra 29 imputados de los casos Coral y Coral G5 devolvió al centro del debate el costo institucional de una red de corrupción que, según el proceso, desfalcó al Estado con unos RD$4,500 millones. Las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fijaron penas de entre 3 y 20 años de prisión, después de un juicio que se extendió por casi cinco años.
Las sanciones más severas recayeron sobre el mayor general Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencia; Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur); y el coronel Rafael Núñez de Aza, todos condenados a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos. También recibieron 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán, igualmente con el pago de 400 salarios mínimos. Además, el tribunal impuso 10 años de prisión a Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores.
Raúl Alejandro Girón Jiménez, mayor del Ejército y delator del caso, fue condenado a cinco años de prisión, aunque el tribunal declaró cumplida la pena por el tiempo transcurrido. Otras condenas quedaron suspendidas: Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos recibieron cinco años de prisión suspendida, mientras Carlos Lantigua, Pedro Roberto Castillo Nolasco y Raymel Pastor del Rosario Viola fueron sentenciados a tres años de prisión suspendida. El fallo vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de control sobre los recursos públicos y el tiempo que toma cerrar expedientes de alto impacto para el Estado.