Las empresas dominicanas han mostrado avances parciales en la prevención y detección del lavado de activos, pero todavía persisten brechas importantes en la aplicación efectiva de la normativa y en la supervisión de distintos sectores del tejido empresarial.
Así lo refleja la pieza publicada por El Dinero, que apunta a un mayor nivel de cumplimiento en el sector financiero frente a otras áreas de la economía. Sin embargo, ese progreso no elimina los desafíos de fondo: la implementación desigual de la Ley 155-17 y la necesidad de mecanismos de control más consistentes.
El panorama descrito pone en evidencia que el cumplimiento formal no siempre se traduce en capacidad real de detección. En ese contexto, la supervisión regulatoria y el seguimiento a las obligaciones de prevención siguen siendo claves para cerrar vacíos que pueden ser aprovechados por redes de lavado de activos.
La situación también abre interrogantes sobre la eficacia de las herramientas de control disponibles, la calidad de la fiscalización y el grado de homogeneidad en la vigilancia de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas.
Más allá de los avances registrados en ciertos segmentos, el reto pendiente sigue siendo convertir el cumplimiento normativo en resultados verificables, con transparencia, supervisión sostenida e impacto real en la reducción de riesgos financieros y empresariales.