Tras confirmar la muerte de seis de sus ciudadanos por los terremotos registrados la semana pasada, el Gobierno de Argentina anunció el envío de una misión consular humanitaria a Venezuela. La respuesta de emergencia también deja ver la dimensión humana de la crisis: un hospitalizado y siete solicitudes de localización todavía abiertas.
El canciller Pablo Quirno informó que dos funcionarios llegaron el sábado a territorio venezolano para identificar necesidades de la comunidad argentina, asistir en la búsqueda de desaparecidos, apoyar a heridos y acompañar a familiares de las víctimas. Según explicó, el equipo ya tomó contacto con personas que reportaron familiares desaparecidos y con adultos mayores que recibían asistencia a través de Cáritas Venezuela. También señaló que se gestiona una eventual visita a ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en ese país.
El operativo adquiere un peso institucional adicional porque ocurre casi dos años después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, tras la expulsión del personal diplomático argentino de Caracas en medio de las tensiones por las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. A ese despliegue se suma el contingente de 24 brigadistas enviado el viernes, mientras el Ministerio de Defensa anunció la salida de un segundo equipo de médicos y enfermeros y la preparación de dos plantas potabilizadoras. En contextos de desastre, el resultado observable vuelve a poner el foco en la capacidad real de respuesta, la necesidad de control público y la prioridad de proteger a los ciudadanos por encima del discurso oficial.