La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago pospuso para el próximo viernes, a las 2:00 de la tarde, la decisión sobre la medida de coerción contra los implicados en la Operación XL526, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la solidez de los expedientes presentados por el Ministerio Público en casos de alto impacto.
El órgano acusador solicita un año de prisión preventiva para los 10 imputados, a quienes atribuye pertenecer a una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos. Al término de la audiencia, sin embargo, los abogados de la defensa objetaron la acusación y afirmaron que las evidencias aportadas resultan insuficientes para imponer medidas privativas de libertad.
Elvin Domínguez, abogado de varios de los acusados, dijo que las pruebas son «certificantes, pero no vinculantes» y sostuvo que no hay testigos directos ni víctimas identificadas que conecten de forma específica a sus representados con los hechos imputados. José Reynoso, defensor de otros encartados, planteó también debilidades en el expediente y aseguró que las supuestas víctimas no están debidamente identificadas. Mientras el Ministerio Público sostiene que los imputados integran una organización criminal de alcance internacional con base operativa en Jacagua, Santiago, la audiencia dejó expuesto el contraste entre la gravedad de la acusación y las objeciones sobre su respaldo probatorio.