La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal decidirá el 28 de agosto, a las 9:00 de la mañana, si mantiene o revoca el permiso laboral otorgado a Donni Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Fronteras condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a su hijastra de 14 años. La revisión llega después de que el Ministerio Público impugnara la medida por considerarla improcedente, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio las decisiones adoptadas durante la ejecución de la pena.
El tribunal, presidido por la jueza Zeida Noboa Pérez, dejó el fallo en estado tras escuchar al Ministerio Público, a la defensa del imputado y a los abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic). En el centro del debate está la autorización concedida por el juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Manuel Arias, que permitió a Santana Cuevas salir del Centro de Corrección y Rehabilitación de Azua para trabajar bajo supervisión, aunque al momento de recibir ese beneficio todavía le restaban 13 de los 20 años de condena.
La resolución impuso arresto domiciliario los fines de semana y feriados, reporte semanal de ubicación al tribunal, firma mensual de un libro de control, prohibición de referirse al caso en redes sociales y la obligación de no tener contacto con la víctima ni con su familia. El incumplimiento de cualquiera de esas condiciones conllevaría la revocación inmediata del permiso y una orden de arresto. La decisión pendiente de agosto definirá si ese esquema de control se sostiene o si la corte corrige una medida que el Ministerio Público llevó a apelación.