Santo Domingo. — El presidente Luis Abinader entregó 1,099 títulos de propiedad a familias de Villa Linda, Palmarejo y Pantoja, en un acto que beneficia a más de 4,000 personas, pero que también vuelve a poner sobre la mesa la deuda pendiente del Estado con la regularización de tierras.
La entrega representa un avance concreto para los hogares favorecidos, que a partir de ahora cuentan con un respaldo legal sobre sus terrenos. Sin embargo, el alcance de la medida también obliga a revisar el ritmo, el costo y el impacto real de este tipo de programas oficiales, especialmente en un país donde la seguridad jurídica sobre la propiedad sigue siendo una aspiración para miles de familias.
La regularización de títulos no puede quedarse en el valor simbólico de un anuncio gubernamental. Cada entrega debe ir acompañada de seguimiento, transparencia sobre los procesos, claridad en los criterios de selección y rendición de cuentas sobre cuántos expedientes quedan pendientes y en qué plazo el Gobierno prevé avanzar.
En ese sentido, la entrega en Santo Domingo pone de relieve tanto el beneficio inmediato para las familias beneficiadas como la necesidad de que el Estado convierta estas jornadas en una política sostenida, medible y verificable, y no en actos aislados de alto impacto político.
Mientras el Gobierno exhibe resultados puntuales, persiste la pregunta sobre cuántos asentamientos y hogares siguen esperando la formalización de sus derechos de propiedad y qué nivel de priorización tendrá esa tarea dentro de la agenda pública.