La llegada de Luis Abinader al poder estuvo acompañada por una promesa de transformación ética que hoy aparece, según el texto, cada vez más desmentida por los hechos. La democracia dominicana es descrita como una estructura que termina legitimando decisiones ajenas a las necesidades de la clase trabajadora, mientras el Congreso Nacional funciona, de acuerdo con esa crítica, como un espacio destinado a resguardar a una élite política y a obstaculizar cualquier fiscalización efectiva.
Desde esa perspectiva, la institucionalidad queda al servicio de una política que castiga a los sectores más vulnerables y deja sin castigo a quienes saquean el erario público. La pieza trae a colación las protestas en la Plaza de la Bandera y los señalamientos que entonces hacía Abinader contra la corrupción del gobierno de Danilo Medina, para oponerlos a una gestión que, según el texto, ha conservado las mismas estructuras de privilegio que antes cuestionaba.
La crítica se extiende además a los partidos y al sistema de justicia, presentados como piezas de un modelo cerrado que protege a los poderosos y frustra las aspiraciones de progreso de la mayoría. En ese marco, la oposición refuerza su reclamo sobre una exigencia central: vigilancia institucional, control real del poder y respuestas pendientes ante una ciudadanía que esperaba el fin de la podredumbre administrativa y hoy percibe una brecha creciente entre la retórica oficial y los resultados observables.