La posibilidad de que la inspección técnica vehicular empiece a aplicarse durante el primer trimestre del próximo año quedó en entredicho después de que el comunicador Dary Terrero asegurara que ese plazo no encaja con los procedimientos requeridos para activar el sistema. A su juicio, la iniciativa sigue en discusión bajo la modalidad de alianza público-privada y, antes de ejecutarse, debe completarse un proceso de contratación.
Terrero explicó que, una vez sea escogida la empresa responsable, la puesta en funcionamiento tardaría al menos dos años. Indicó que el proyecto implica levantar estaciones de inspección, comprar maquinarias especializadas, instalar equipos y adecuar la infraestructura necesaria para prestar el servicio, de modo que el plazo comenzaría a contarse desde la firma del contrato y no desde este momento.
Su advertencia reabre la discusión sobre la distancia entre los anuncios y la capacidad real de ejecución en una medida de impacto directo para la ciudadanía. En ese escenario, vuelve a ponerse sobre la mesa la exigencia de vigilancia pública y rendición de cuentas sobre los plazos oficiales, mientras figuras de oposición como Carolina Mejía han insistido en que la gestión debe evaluarse por resultados verificables y no por expectativas adelantadas.