El Gobierno dominicano comenzó a aplicar el decreto 787-26, mediante el cual fija un Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los servicios públicos y establece controles previos, prohibiciones y mecanismos de supervisión sobre los sistemas algorítmicos en el Estado. La medida, promovida por el presidente Luis Abinader a través de la OGTIC y la DIGEIG, parte de un reconocimiento explícito: sin reglas, revisión y límites claros, estas herramientas pueden incidir en derechos ciudadanos.
La disposición ordena que todo sistema de inteligencia artificial de alto impacto sea sometido a una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de entrar en operación, sobre todo cuando pueda afectar beneficios sociales, acceso a derechos o facultades sancionadoras. Además, exige que la ciudadanía sepa cuándo una decisión o un trámite administrativo cuenta con apoyo de IA, y obliga a las instituciones a ofrecer explicaciones comprensibles, junto con mecanismos de revisión humana para las determinaciones automatizadas.
El decreto también veta prácticas como la clasificación social generalizada de personas, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y el perfilamiento criminal predictivo sustentado en variables territoriales o socioeconómicas. Con ese marco, la discusión deja de ser únicamente tecnológica y pasa al plano de la rendición de cuentas: la sociedad civil queda ahora ante el reto de vigilar cómo se aplicarán estos controles dentro del Estado y si el discurso oficial de transparencia se traduce en garantías reales para la ciudadanía.