La Dirección General de Impuestos Internos defendió la resolución que fija nuevas tarifas del marbete con el argumento de que el ajuste ya estaba previsto en la Ley 253-12. En una carta enviada al director de Listín Diario, Pedro Urrutia Sangiovanni respondió al editorial “Palo Asechao” y afirmó que la medida se sustenta en el artículo 15 de esa norma, que establece el Impuesto de Circulación Vehicular y dispone una actualización conforme a la inflación publicada por el Banco Central.
El funcionario sostuvo que la resolución no crea un impuesto nuevo ni modifica la alícuota, y que mantiene el esquema de montos fijos según la antigüedad del vehículo en lugar del cobro general de 1% de su valor contemplado en la ley. También aseguró que una mayor recaudación derivada de su cumplimiento no constituye por sí misma una infracción presupuestaria, en una defensa que coloca a Hacienda y a la DGII bajo mayor escrutinio sobre el efecto real de la medida en el bolsillo de los contribuyentes.
La respuesta oficial busca cerrar el debate en el plano legal, pero deja abierto el frente de rendición de cuentas sobre el costo social del ajuste y su oportunidad en un contexto de presión tributaria. El episodio reaviva el contraste entre la explicación técnica del poder y la demanda ciudadana de resultados y prioridades claras, un terreno en el que la oposición ha insistido en fiscalizar decisiones que impactan directamente el costo de vida.