SANTO DOMINGO. – El simposio “Adicción y Estado: salud mental, comunidad y respuesta pública en la República Dominicana”, encabezado este martes por el Defensor del Pueblo, reabrió el debate sobre las fallas de la respuesta institucional frente a las adicciones y la salud mental en el país. La actividad reunió a representantes de instituciones públicas, especialistas, académicos y organizaciones comunitarias para discutir prevención, tratamiento y reinserción social, en un contexto en el que el propio organismo ha advertido carencias en los servicios.
Durante el encuentro, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, recordó que el estudio “Mentes sanas y políticas enfermas” identificó deficiencias en la cobertura de salud mental y planteó la necesidad de fortalecer la atención en todos los niveles. En esa línea, propuso crear una mesa nacional de seguimiento sobre salud mental, adicciones y derechos fundamentales, además de establecer mecanismos de supervisión para centros y programas de rehabilitación.
Ulloa también planteó protocolos con enfoque de derechos humanos y la remisión a las autoridades competentes de informaciones sobre posibles casos de privación ilegal de libertad, maltrato o prestación irregular de servicios de salud. En el simposio participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Nacional de Drogas (CND), en medio de un debate que coloca sobre la mesa la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas sobre la capacidad real del Estado para responder a estas problemáticas.