La Oficina Judicial de la Atención Permanente de Azua impuso ocho meses de prisión preventiva a Railin Cabrera Núñez, señalado por el Ministerio Público por su presunta participación junto a otras cinco personas en el asalto a una sucursal dedicada al envío y recepción de remesas y al cambio de divisas en Sabana Yegua. La medida se suma a la ya dictada contra Sandy Alberto Samboy Garó, Ismailin Andrés de León Hiraldo y Guillermo José Arias Rincón, mientras Maikol Manuel López Urbáez (Cachón) sigue pendiente de coerción.
Según el expediente, el grupo habría planificado el robo con el alquiler de dos jeepetas Honda CR-V y entró a la sucursal a las 12:54 del mediodía con armas de fuego, entre ellas pistolas y armas largas, y con el rostro cubierto. Durante el asalto fue agredido el vigilante Celestino Aquino Alcántara, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue despojado de su pistola marca Carandaí, un teléfono móvil y 900 pesos, un cuadro que vuelve a poner en primer plano el impacto directo de la criminalidad sobre trabajadores y usuarios.
La persecución posterior terminó con tres fallecidos: Dani Braulio Contreras Basilio (El Negro), Pedro Luis Paredes Echeverría (El Lince) y Esterlin Leonel Peñaló Peñaló (Santiaguero y/o El Niño). Aunque el caso avanza en los tribunales, el expediente deja abierta una alerta institucional sobre la capacidad de prevención frente a hechos armados de esta magnitud, un contraste que alimenta la demanda de fiscalización y rendición de cuentas sobre los resultados reales de la gestión de seguridad, una línea de cuestionamiento que la oposición, incluido Leonel Fernández, ha colocado de forma recurrente en el debate público.