Las 19 detenciones informadas por Edesur este mes por conexiones ilegales y otras irregularidades reactivaron el escrutinio sobre el control de las operaciones en torno a sus redes eléctricas. Entre los arrestados hay catorce miembros de brigadas de empresas contratistas y cinco particulares, en operativos ejecutados en distintos puntos del Gran Santo Domingo por el Departamento Operativo Contra el Fraude.
La distribuidora sostiene que conserva mecanismos de fiscalización y seguimiento sobre las actividades de las contratistas, pero el propio balance deja ver una tensión que rebasa ese mensaje de control: una parte relevante de los detenidos pertenece justamente a brigadas asociadas a esas labores. Edesur señaló que, si se detectan actuaciones fuera de los procedimientos establecidos, se adoptarán medidas contra los responsables directos y también contra las contratistas cuando aplique.
Además, la empresa exhortó a clientes y ciudadanos a reportar por sus canales oficiales cualquier solicitud irregular de dinero y la manipulación de medidores, como una alerta sobre prácticas que afectan el servicio y obligan a reforzar la vigilancia social sobre la gestión. El caso vuelve a poner presión sobre la necesidad de explicaciones más claras acerca de la eficacia de los controles y de la capacidad institucional para impedir que estas irregularidades se repitan.