Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU denunció este martes que el gobierno de Nicaragua mantiene al menos una treintena de personas en «desaparición forzada», una práctica que, según el informe, ha sido utilizada para «aplastar» a la oposición. El reporte sostiene que al menos 29 personas seguían en paradero desconocido al 31 de agosto pasado y advierte que la cifra real podría ser mayor.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, registra 161 casos de «desaparición forzada» desde 2018 y la muerte de ocho personas detenidas por motivos políticos. En «Anatomía de la crueldad estatal», los investigadores describen el paso de desapariciones de corta duración a una «práctica estratégica y recurrente» de desapariciones prolongadas por meses o años, ejecutada mediante la actuación coordinada de varias instituciones y una «cadena de mando que llega hasta los niveles más altos del gobierno».
La advertencia de los expertos se produce en un contexto de cierre político más severo. Tras la represión desatada luego de las protestas de 2018, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición quedó prácticamente anulada en el país. A eso se suma la reciente aprobación de una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno, un contraste que profundiza las alertas sobre derechos, controles institucionales y rendición de cuentas en Nicaragua.