La Orden Departamental 011-2026, emitida el 18 de mayo por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, pone límites al uso de dispositivos móviles en los centros educativos públicos y privados: prohíbe los celulares personales en Inicial y Primaria, regula su uso en Secundaria y prevé excepciones por discapacidad o enfermedad crónica. Además, veta grabar o difundir la imagen de un estudiante sin consentimiento y establece que la comunicación entre docentes y alumnos se canalice por vías institucionales, en un esfuerzo por cerrar riesgos como el grooming.
Sin embargo, el alcance de la medida también deja en evidencia su principal límite: la protección se detiene al salir del plantel. Una vez concluye la jornada escolar, los menores regresan a un entorno digital en el que nadie verifica su edad y donde las plataformas siguen operando fuera del control de la ordenanza. La diferencia entre la regulación interna y lo que ocurre afuera muestra una respuesta parcial frente a un problema que ya incide de forma cotidiana en las familias.
La escena que se repite en Santo Domingo —salida de clases, tapón, pantallas encendidas de inmediato— condensa ese desfase entre norma y realidad. El Ministerio puede sancionar dentro del centro e incluso impedir que un estudiante lleve el celular, pero no puede imponer nada a las redes sociales. Ahí surge una alerta institucional: la discusión ya no es solo escolar, sino de protección efectiva de la niñez, rendición de cuentas y seguimiento público para que la medida no quede reducida a un gesto administrativo frente a un problema mucho más amplio.