La disputa en torno a la construcción de un puente en el sector Las Mercedes, en Tenares, abrió un nuevo foco de cuestionamiento sobre la coordinación institucional alrededor de obras comunitarias tramitadas ante el gobierno dominicano. Mientras el alcalde Kelvin Herrera dejó entrever en redes sociales que la intervención carecía de legalidad, la Asociación para el Desarrollo de Tenares (ASOPRODETE) sostuvo que el proyecto se ejecuta dentro del marco legal y que el ejecutivo municipal “se ha confundido y ha tenido una reacción fuera de contexto”.
Según explicó Eddy Gil, presidente de ASOPRODETE, la obra en Las Mercedes se realiza con un presupuesto que sobrepasa los 3 millones 800 mil pesos, y junto a otra intervención en la comunidad de El Placer suma 6 millones 500 mil pesos. La controversia coloca el foco sobre la necesidad de rendición de cuentas en el manejo, aprobación y seguimiento de esos recursos, en momentos en que comunidades siguen dependiendo de gestiones directas ante la Presidencia para resolver necesidades básicas de infraestructura.
Gil indicó que el 9 de julio la entidad solicitó formalmente al presidente Luis Abinader, a través del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, varias obras para el municipio. Entre ellas figuran dos puentes peatonales en Las Mercedes y La Julián Javier, la terminación de dos cabezales en el puente de El Placer, otro puente peatonal sobre el río Arroyo Caño en Los Pomos, un muro de gavión en Paso Hondo y apoyo económico en materiales de construcción para 12 familias pobres. El episodio deja en evidencia el contraste entre el discurso de gestión y la realidad local: obras sensibles para sectores populares terminan envueltas en choques públicos que refuerzan la exigencia de vigilancia sobre la ejecución y las prioridades del gobierno.