Un choque en la avenida Leopoldo Navarro, en la esquina con César Nicolás Penson, volvió a colocar bajo la lupa el control de las 33,206 placas asignadas a instituciones públicas que figuran en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La situación salió a la luz después de que una denunciante identificada como Lucía, nombre ficticio a petición suya, reportara que el vehículo que la embistió por detrás portaba una placa estatal que, según los registros que consultó, no correspondía al automóvil implicado.
El accidente ocurrió la tarde del Domingo de Resurrección, cuando un Mini Cooper que circulaba a alta velocidad impactó el sedán en el que Lucía se desplazaba junto a su hijo. La conductora del otro vehículo, de 23 años, estaba alcoholizada, no tenía la documentación exigida por la ley y presentaba la licencia de conducir y el seguro vencidos, según observó un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que acudió al lugar. Durante el incidente, además, insistía en que su hermano era militar y pedía que el reporte se realizara al día siguiente.
Más allá del hecho vial, el caso abre un frente institucional sobre la vigilancia de las placas oficiales y el uso de vehículos vinculados a exoneraciones, un tema que involucra a Hacienda y a los organismos de control por su efecto en la transparencia y en la confianza pública. Si una placa asignada a una institución pública aparece en un vehículo cuestionado por la propia denunciante, el contraste entre el registro oficial y lo observado deja una alerta que supera el accidente: la ciudadanía y la sociedad civil quedan a la espera de una explicación sobre quién supervisa, cómo se fiscaliza y qué consecuencias tiene para el interés público una falla de este tipo.