La Defensoría Pública denunció las “alarmantes condiciones” del Centro Máximo Antonio Álvarez, en La Vega, donde al menos 38 adolescentes permanecen privados de libertad. La institución advirtió que el recinto vuelve a quedar bajo escrutinio por la forma en que el Estado garantiza derechos básicos en un lugar que, según sostuvo, funciona en condiciones incompatibles con la dignidad humana.
Según la denuncia, los menores están repartidos en dos celdas o áreas con estructuras tipo piletas empleadas para dormir y, cuando no cuentan con colchón, deben acostarse sobre cemento. El edificio, levantado en 1942, también presenta filtraciones, baños destruidos, aguas negras, falta de medicamentos y escasas oportunidades educativas, un conjunto de carencias que la Defensoría relaciona con la vulneración de derechos fundamentales.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública de La Vega y de la Comisión de Cárceles de esa institución, aseguró que se trata de un centro que “violenta derechos fundamentales de los menores de edad” y pidió “supervisión reforzada” y resguardo efectivo conforme al artículo 56 de la Constitución. Recordó además que, desde 2007, la Comisión de Cárceles ha elaborado informes penitenciarios anuales en los que ha insistido en la necesidad del cierre definitivo del recinto, lo que acentúa el contraste entre las advertencias acumuladas y la permanencia de condiciones que, según afirmó, impiden que las sanciones cumplan su finalidad de reinserción social.