La pasada legislatura ordinaria terminó en el Congreso Nacional sin que el presidente Luis Abinader observara las leyes remitidas al Poder Ejecutivo, un desenlace que el oficialismo puede presentar como un logro, pero que también invita a revisar el historial más cercano de devoluciones y correcciones entre el Ejecutivo y las cámaras.
Los antecedentes, sin embargo, dibujan otro panorama: en ciclos parlamentarios anteriores, Abinader llegó a devolver hasta tres leyes al Congreso, y en el cuatrienio actual y el pasado ha observado nueve. La última fue la que autorizaba el pago de deudas por obras ejecutadas a pequeños contratistas, así como trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisores y asfalteros, que regresó a la Cámara de Diputados el 16 de enero. El mandatario rechazó sus 14 artículos por completo al considerar que vulneraba principios esenciales de la Constitución y ordenaba pagos “sin garantizar provisión de fondos”, además de no dejar establecido que la deuda pública fuera “cierta, líquida y exigible”.
Durante 2026, el Ejecutivo promulgó 20 marcos de ley, en su mayoría correspondientes a la primera legislatura ordinaria, desarrollada del 27 de febrero al 26 de julio. Aun así, esa cifra no borra los episodios en que el propio Poder Ejecutivo tuvo que detener piezas ya aprobadas, como ocurrió con la ley de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional e internacional y con la nueva Ley de la Cámara de Cuentas. Más adelante, el Congreso presentó otra legislación para sustituir la norma sobre pago de deudas a pequeños contratistas, que sí fue aprobada por ambas cámaras y promulgada. El balance deja abierto un punto de fiscalización sobre la gestión legislativa y la coordinación del poder bajo el PRM: si ahora se evitó el choque, el registro previo sigue marcando una alerta institucional sobre la calidad de las leyes antes de llegar al despacho presidencial.