La suspensión de los llamados “servicios especiales de transporte” en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) no solo cierra una práctica de años: también expone un desgaste de gestión en un servicio público esencial. Según la propia institución, ese esquema facilitaba autobuses, combustible y choferes a instituciones y particulares, y solo en 2023 acumuló 1,858 servicios. En junio de 2025 fueron 101, dirigidos a entidades públicas, iglesias, clubes, juntas de vecinos, escuelas, servicios fúnebres y otras organizaciones.
El director actual admitió que la OMSA funcionaba “como una empresa pública de beneficencia” y que unidades solicitadas para determinadas actividades terminaban en lugares distintos, mientras dejaban de prestar el servicio regular a la población. Ahí aparece el contraste entre discurso y realidad: una entidad creada para transporte colectivo terminó destinando recursos públicos a una actividad accesoria de gran magnitud, con mecanismos descritos como aparentemente discrecionales y con costo para los usuarios que dependían del servicio ordinario.
El caso trasciende a la OMSA y coloca a la sociedad civil ante una alerta institucional más amplia: si una práctica así se sostuvo durante años, la discusión ya no es solo su cancelación, sino quién fiscalizaba, quién evaluaba el gasto y por qué tuvo que producirse un cambio de incumbente para que se cuestionara. La corrección anunciada abre una oportunidad de rendición de cuentas sobre presupuesto, controles y prioridades reales de la gestión pública.