La imposición de medidas de coerción contra Claudia Pérez, conocida como la Tora, volvió a poner bajo examen la capacidad del sistema para hacer cumplir las citaciones y evitar que controversias judiciales se prolonguen sin una respuesta oportuna. El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, le dictó una garantía económica de 500 mil pesos en efectivo, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación mensual ante el Ministerio Público, dentro del proceso abierto por la querella de la periodista Iluminada Muñoz por difamación e injuria.
Horas antes, el mismo magistrado había emitido una orden de captura contra la creadora de contenido por no asistir a las audiencias del caso. Tras hacerse pública esa decisión, Pérez se presentó voluntariamente ante el tribunal. La secuencia dejó en evidencia el contraste entre las versiones enfrentadas sobre las notificaciones y la asistencia al proceso: la abogada de Muñoz, Emery Colomby Rodríguez, afirmó que Pérez «nunca ha dado la cara» pese a citaciones reiteradas del Ministerio Público, mientras la imputada sostuvo que su ausencia se debió a que nunca recibió correctamente las notificaciones legales.
En la comparecencia, Pérez también aseguró que mantiene un proceso judicial activo contra Muñoz y que el conflicto entre ambas no tiene dos años, sino seis en los tribunales. Añadió que ha sido objeto de burlas públicas y de imputaciones infundadas de conductas delictivas. Más allá del cruce de acusaciones, el caso vuelve a subrayar una alerta institucional: cuando disputas de esta naturaleza se extienden por años y escalan hasta órdenes de captura y coerción, el resultado visible es un sistema obligado a reaccionar tarde ante controversias que reclaman control, seguimiento y explicaciones claras.