La decisión que anuló el acuerdo entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana para la explotación minera volvió a situar en primer plano un costo ambiental que, según el Ministerio de Medio Ambiente, supera los 120 millones de dólares. El ministro Paíno Henríquez afirmó que el Tribunal Superior Administrativo tomó en cuenta un informe técnico de esa institución, en el que se identificaron daños ecológicos aún pendientes de reparación.
El funcionario explicó que las evidencias proceden de una investigación realizada por técnicos del ministerio y que luego fueron depositadas ante los tribunales. Con ello, el caso vuelve a contrastar la explotación desarrollada durante más de siete décadas en las montañas de Bonao con la magnitud del pasivo ambiental ya reconocida en sede judicial, en un escenario que obliga a pedir explicaciones y seguimiento sobre la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y corregir este tipo de daños.
Legisladores advirtieron sobre posibles efectos de la sentencia en el clima de inversión, pero también destacaron que el fallo envía una señal a las empresas extranjeras: el crecimiento económico no puede desligarse del cumplimiento de las normas ambientales. Más allá del litigio, la decisión deja una alerta institucional sobre los costos que terminan aflorando cuando la supervisión pública llega tarde frente a actividades extractivas de largo plazo.