El Tribunal Constitucional modificó su criterio sobre los cargos directivos en los partidos políticos al apartarse de la sentencia TC/0531/15 y rechazar una acción de amparo electoral presentada por militantes de Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. Con la decisión TC/0782/26, la alta corte revocó una sentencia del Tribunal Superior Electoral y estableció que esas posiciones internas no deben equipararse a cargos públicos de elección popular.
El nuevo razonamiento del TC sostiene que, aunque el artículo 216 de la Constitución obliga a la democratización interna de los partidos, las controversias sobre puestos de dirección deberán examinarse bajo el derecho de asociación en su dimensión política y el derecho a la participación política, no como derechos de ciudadanía vinculados al artículo 22.1. El giro marca una señal institucional sobre cómo se controlan los procesos internos de las organizaciones y abre un nuevo escenario de vigilancia sobre la forma en que se toman decisiones de mando partidario.
El caso surgió a partir de un reclamo de Diderot Mateo Brito, Virgilio Solano, Danilo Antonio Santana, Rosmeris Ana Bello Ramírez y Juana de los Santos Hernández, quienes cuestionaron una convocatoria de la Secretaría de Organización de Fuerza del Pueblo, contenida en la Comunicación SO/03-2026 del 5 de febrero de 2026, para completar la dirección municipal de Santo Domingo Norte. La decisión deja sobre la mesa una discusión de fondo sobre la coherencia entre la democratización interna proclamada por la Constitución y los mecanismos reales de participación, un contraste que refuerza la necesidad de fiscalización permanente en la vida partidaria.