La acusación formal que el Ministerio Público presentó contra Aurelio Valdez Alcántara, a quien se atribuye haber pedido un soborno a una persona bajo investigación y haber recibido US$10,000 en una entrega controlada, deja bajo escrutinio a una estructura que tenía entre sus filas a un fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El expediente fue depositado ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales.
Junto con la solicitud de apertura a juicio, el órgano acusador pidió que se admita de manera total la acusación y sus pruebas, además de que se mantenga la medida de coerción impuesta al acusado mediante la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001, así como las medidas cautelares sobre sus bienes. Más allá del trámite judicial, el caso plantea un contraste incómodo entre el discurso de persecución de la corrupción y la necesidad de vigilancia dentro de las propias instancias encargadas de sostenerlo.
El hecho de que las imputaciones alcancen a un integrante del equipo de Pepca refuerza la alerta institucional sobre los controles internos y el costo público que puede tener cualquier fisura en áreas sensibles de investigación. Así, la respuesta oficial queda sometida a una prueba de credibilidad: no solo llevar el expediente a tribunales, sino ofrecer resultados verificables que fortalezcan la confianza en el sistema de justicia.