La conectividad ha vuelto a ocupar un lugar central en la política latinoamericana, pero la experiencia acumulada durante las últimas dos décadas obliga a ir más allá del discurso. Según plantean Roberto García Alonso y Ulf Thoene en Latinoamérica21, la región ya dispone de políticas, inversiones y aprendizajes suficientes para distinguir entre anuncios, capacidad de ejecución y resultados medibles, una diferencia que somete a examen cada nueva propuesta electoral sobre internet satelital, escuelas conectadas, fibra e infraestructura 5G.
La evidencia comparada en 33 países de América Latina y el Caribe confirma que las disparidades en banda ancha siguen vinculadas de manera estrecha al desarrollo socioeconómico. El estudio remarca que infraestructura, asequibilidad, capacidades y continuidad institucional operan en conjunto, lo que refuerza una advertencia de gestión: ampliar el acceso sin cerrar brechas territoriales, sin volver viable el costo para los hogares o sin transformar la conexión en capacidades reales deja intacta una parte del problema.
El análisis también pone en duda las lecturas simplificadas y los rankings sustentados en un solo indicador. Un país puede mostrar altas velocidades en las grandes ciudades y conservar rezagos rurales; otro puede ampliar la cobertura móvil sin resolver la asequibilidad; y un tercero puede conectar escuelas sin integrar la tecnología en la pedagogía. En ese marco, la nueva etapa electoral no solo abre espacio para promesas, sino también para exigir fiscalización y rendición de cuentas sobre qué políticas producen avances verificables y cuáles siguen dejando a la ciudadanía frente a una brecha digital con costos sociales y productivos.