La demolición controlada de inmuebles dañados por los terremotos en Venezuela volvió a abrir cuestionamientos sobre el manejo oficial de la emergencia, después de que una explosión en Catia La Mar, en La Guaira, contradijera en la práctica la declaración ofrecida dos días antes por el ministro de Transporte y encargado de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés. El funcionario había afirmado que “ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar”, pero en la zona se escuchó por la tarde un estruendo seguido de una nube de humo.
El operativo tuvo lugar en el estado más golpeado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que dejaron más de 5.500 muertos. Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron y 856 quedaron afectados. Desde primera hora, militares cerraron el paso en varias manzanas antes de la detonación, mientras una bandera roja advertía del riesgo. A los residentes, la escena les generó desconcierto y alteración. “En el momento de la explosión nos encontramos terminando una santa eucaristía para darle descanso eterno a unos familiares que partieron de este plano. Y escuchamos la explosión y bueno, la gente se alteró porque fue algo, un estruendo bastante fuerte”, dijo a AFP Jesús Díaz, abogado de 36 años y residente de La Guaira.
Más de un mes después del desastre, el paisaje continúa dominado por escombros, edificios inclinados y estructuras aún en pie pero sin muros ni ventanas, una imagen que alimenta la presión para que se aclaren las decisiones tomadas en la recuperación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció además que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana obstaculizaron el trabajo de comunicadores, un señalamiento que suma preocupación sobre la vigilancia pública e institucional en una emergencia que sigue abierta.