WASHINGTON.- La salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió este sábado el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que aprovechó la decisión para endurecer su ofensiva contra el tribunal y pedir a otros países que también abandonen el Estatuto de Roma. Washington calificó a la Corte de «corrupta», «sin valor» y sin credibilidad, en un nuevo episodio que coloca bajo presión la legitimidad y los resultados de una institución llamada a impartir justicia internacional.
El Departamento de Estado sostuvo que la CPI ha estado «investigando» a Nicolás Maduro desde 2018 «sin ningún resultado» y acusó al tribunal de destinar recursos a casos de países con sistemas judiciales «competentes e independientes» que nunca aceptaron su jurisdicción. Para la Administración de Donald Trump, esa actuación refleja «extralimitación», «sesgo político» y «aplicación selectiva de la justicia». También afirmó que Maduro, detenido en Estados Unidos, enfrenta ahora la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió.
La reacción llegó un día después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada de la CPI. El canciller Félix Plasencia alegó que la Corte ha concentrado de forma «desproporcionada» sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos y dijo que actúa con un sesgo ajeno a la justicia. Según explicó, por instrucciones de Rodríguez, la decisión fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. En medio de ese cruce, el episodio reabre la exigencia de vigilancia sobre organismos internacionales cuyo discurso de justicia vuelve a chocar con cuestionamientos por selectividad, falta de resultados y desgaste institucional.