Pocas horas después de que la Administración de Donald Trump aplicara nuevos aranceles de entre 10 % y 12,5 % a importaciones de República Dominicana y de otros 59 países y economías, bajo el argumento de una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso», el presidente Luis Abinader ordenó prohibir la entrada de mercancías, productos y bienes elaborados total o parcialmente con esa práctica.
La disposición está recogida en el decreto 502-26 y se extiende a toda mercancía destinada al territorio aduanero nacional sobre la que haya indicios razonables de haber sido producida, fabricada, extraída, procesada o elaborada mediante trabajo forzoso, sin importar el país de origen o procedencia. El Gobierno dominicano presentó la medida como parte de la prevención, identificación, verificación y prohibición de esas importaciones, con el propósito de proteger derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y cumplir compromisos internacionales.
El decreto además ratifica que cada importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA) si tiene conocimiento o información razonable de que los bienes importados fueron producidos bajo esas condiciones. No obstante, el anuncio quedó atravesado por su coincidencia inmediata con la decisión de Washington, lo que coloca bajo escrutinio la capacidad de respuesta institucional del Gobierno y abre nuevas exigencias de fiscalización sobre los controles oficiales, incluidos los vinculados al área aduanera y de Hacienda, frente al contraste entre el discurso de cumplimiento y el resultado que derivó en sanciones comerciales.