Estados Unidos puso en vigor un nuevo arancel de entre 10 % y 12,5 % sobre mercancías de 60 países, incluida la República Dominicana, en una decisión que Washington vincula a la falta de acciones suficientes contra el trabajo forzado. El anuncio, hecho por el representante comercial Jamieson Greer, vuelve a colocar el foco sobre la reacción del gobierno dominicano ante una medida con potencial efecto comercial y sobre la necesidad de vigilancia institucional frente a decisiones externas que golpean a socios clave.
Según la hoja informativa difundida por la oficina de Greer, los países que se hayan comprometido a adoptar y aplicar eficazmente la prohibición de importar productos procedentes de trabajo forzoso recibirán un arancel de 10 %, mientras que los que no lo hayan hecho enfrentarán uno de 12,5 %. La referencia, añade el texto, se basa en la guía operacional para importadores elaborada por el Gobierno de EE.UU. El argumento oficial de Washington es que la medida busca «combatir el trabajo forzado en las cadenas de suministro globales», «proteger a los trabajadores [locales] con el liderazgo estadounidense» y tomar «medidas enérgicas contra las prácticas comerciales más desleales».
Aunque la disposición se presenta como aplicable a los 60 principales socios comerciales de EE.UU., que representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses, el propio documento reconoce numerosas excepciones. Entre ellas figuran materiales informativos, donaciones y equipaje relacionado, artículos ya gravados con otro arancel, materias primas cuya inclusión podría generar escasez en el mercado interno y productos que podrían causar perturbaciones en toda la economía si fueran sometidos a los aranceles adicionales. Ese contraste entre el alcance anunciado y las exclusiones abre espacio para exigir explicaciones claras, seguimiento desde el Congreso y una respuesta pública del gobierno dominicano sobre el impacto real para el país.