Naciones Unidas incrementó la presión sobre las autoridades de Nicaragua al denunciar la represión de libertades civiles y políticas y advertir que en el país se ha consumado una liquidación de los procesos electorales democráticos. El pronunciamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, difundido este 22 de julio, habla de un desmantelamiento del espacio cívico y de una erosión del Estado de derecho bajo la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El organismo señala además que el partido oficialista ejerce un dominio absoluto sobre el Parlamento, los municipios y los Consejos Regionales, un panorama que, según advierte, deja a la ciudadanía sin alternativas políticas reales para votar o competir de forma independiente. Esa conclusión refuerza la alarma institucional por la distancia entre la formalidad electoral y la realidad del control político denunciado por la ONU.
La evaluación también pone el foco en el costo social de esa deriva. Entre los abusos mencionados aparece la represión contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas, con especial preocupación por la falta de información oficial sobre el paradero del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido desde el 29 de junio. A ello se añade el impacto sobre pueblos originarios: una cuarta parte de los 18 territorios indígenas ha sido afectada por concesiones mineras y extractivas otorgadas sin consulta previa ni consentimiento libre e informado. Frente a ese escenario, la ONU instó al régimen nicaragüense a liberar a los detenidos arbitrariamente y restablecer las garantías constitucionales.