La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) confirmó que las pequeñas empresas, microempresas y contribuyentes no clasificados tendrán que adoptar el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF) antes del 15 de noviembre de 2026, fecha desde la cual ese sistema será el único permitido para facturar en República Dominicana. Quienes no se ajusten a tiempo se exponen a multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos y, además, a la pérdida de validez fiscal de los comprobantes emitidos.
Con esta disposición se completa el cronograma previsto en el Aviso 06-26, después de que los grandes contribuyentes nacionales concluyeran la transición en mayo de 2024 y los medianos y grandes contribuyentes locales en noviembre de 2025. El último tramo queda ahora en manos del grupo más amplio de contribuyentes, que en muchos casos aún opera con procesos contables manuales, menor infraestructura tecnológica y recursos limitados, lo que pone el foco sobre el costo real de la adaptación y sobre cómo se aplicará esta exigencia desde Hacienda y la DGII.
Al mismo tiempo, el discurso oficial sobre transformación digital se apoya en la designación de República Dominicana, en mayo de 2026, como sede del primer programa piloto regional de asesoría en inteligencia artificial para pymes, impulsado por The Trust for the Americas con respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Banco BHD. Ese avance convive, sin embargo, con una realidad más dura para los pequeños negocios: la modernización ya no aparece como una opción, sino bajo amenaza de sanción, en un punto donde sigue abierta la rendición de cuentas sobre el acompañamiento, la capacidad de implementación y el impacto en el tejido empresarial.