Cuando faltaban menos de 24 horas para que cerrara la inscripción de candidaturas de las elecciones locales del 29 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador dispuso la suspensión provisional del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), una de las plataformas políticas vinculadas al sector liderado por Rafael Correa. La resolución fue tomada a petición de la Fiscalía en el marco de una investigación por un presunto caso de lavado de activos, y el juez electoral Juan Patricio Maldonado Benítez fijó una suspensión por nueve meses.
Además, el magistrado concedió tres días al Consejo Nacional Electoral para aplicar la medida y comunicar su cumplimiento. La decisión llega en un momento especialmente sensible para la oposición correísta, que buscaba afianzar presencia en los comicios locales. El impacto inmediato es político: una organización usada por sectores afines al exmandatario queda fuera de juego justo al expirar el plazo de candidaturas, lo que intensifica las tensiones sobre la actuación de las autoridades electorales y judiciales.
Correa tildó el hecho de “escandaloso” y sostuvo que “No existe información, no existen hechos, no existen derechos, no existe ley”. En la misma línea, Luisa González acusó al presidente Daniel Noboa de concentrar esfuerzos en la persecución política y cuestionó la respuesta oficial ante la inseguridad. Con ese intercambio, la suspensión deja de ser solo una resolución judicial y pasa a ser un nuevo foco de fiscalización sobre el uso del poder institucional en plena competencia electoral.