La quinta caída del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba en lo que va de 2026, y la tercera en solo una semana, volvió a poner sobre la mesa el costo social de una crisis que afecta de lleno a miles de familias, hospitales y alimentos, en un escenario de mayor presión de Estados Unidos sobre la isla.
El Gobierno cubano atribuyó el colapso a un contexto de “máxima asfixia” económica y energética. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que Washington “condena al pueblo” y que a sus autoridades “no les importa el sufrimiento de miles de familias”, al destacar el efecto sobre “cientos de hospitales sin fluido eléctrico” y la “pérdida de alimentos por falta de refrigeración”.
De acuerdo con la versión oficial cubana, el deterioro del sistema se produce bajo el bloqueo petrolero impuesto en enero y las sanciones secundarias contra empresas vinculadas al Ejecutivo de La Habana. Rodríguez añadió que a la Administración de Donald Trump “no le ha sido suficiente el genocida cerco petrolero” y denunció que persigue y sanciona a compañías cubanas y extranjeras ligadas a un área que calificó de estratégica.
Washington endureció en enero su presión sobre Cuba con medidas que frenaron los envíos desde Venezuela a la isla tras el arresto de Nicolás Maduro, además de amenazar con aranceles a países que le suministraran crudo. A ello se sumó la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, que amenaza con sanciones a cualquier persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores clave como energía, defensa, finanzas y minería.
El episodio deja un panorama de alerta institucional y de desgaste visible: mientras La Habana insiste en responsabilizar a Washington, la población vuelve a quedar atrapada entre la presión externa y una crisis eléctrica que sigue sin dar estabilidad. El resultado verificable, por ahora, es uno solo: más vulnerabilidad social y más exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se gestiona una emergencia que ya impacta servicios esenciales.