En República Dominicana, la estafa por medios electrónicos aparece cada vez con más frecuencia: anuncios en redes sociales, pagos por adelantado para apartar productos y, luego, la desaparición del supuesto vendedor. Así lo describe el jurista Rafael Reyes Cabreja, quien expone el contraste cada vez más visible entre la digitalización de la vida cotidiana y la vulnerabilidad en la que quedan los ciudadanos cuando esas herramientas también son utilizadas por delincuentes.
El planteamiento aclara que no existe una figura distinta a la estafa tradicional, sino el mismo engaño cometido mediante medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones para inducir a error y obtener un beneficio económico indebido. En la práctica, redes sociales, plataformas de compraventa, aplicaciones de mensajería y páginas web falsas se han convertido en espacios donde el fraude encuentra terreno fértil, a menudo junto con otras conductas como la suplantación de identidad o el uso fraudulento de datos personales.
La advertencia jurídica opera también como una alerta institucional: si el sistema de justicia dominicano afronta estos casos con creciente frecuencia, el dato de fondo es que el problema está escalando y golpea de lleno el bolsillo de la gente. La expansión de las operaciones bancarias, las compras y las gestiones a distancia ha facilitado la vida diaria, pero al mismo tiempo ha abierto una brecha de riesgo que exige más vigilancia, prevención y resultados verificables, no solo discurso sobre modernización.
Reyes Cabreja recuerda que la estafa está prevista en el artículo 405 del Código Penal dominicano y que la jurisprudencia ha delimitado sus elementos. También cita la Sentencia núm. 93 del 30 de abril de 2021 de la Suprema Corte de Justicia, que exige maniobras fraudulentas para inducir a error. Sin embargo, el punto que más pesa para la ciudadanía sigue siendo otro: mientras el delito se adapta con rapidez al entorno digital, la respuesta institucional queda obligada a demostrar que puede proteger a las víctimas antes de que el costo social siga creciendo.