CARACAS.– La respuesta de Diosdado Cabello al alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dejó en el centro de la discusión un asunto delicado después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela: el pulso entre el control político de la ayuda y la exigencia de cuentas sobre insumos destinados a una emergencia que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.
El ministro de Interior rechazó que la ayuda humanitaria remitida desde Panamá fuera rastreada con dispositivos electrónicos y tildó de “vulgares y miserables” las declaraciones del alcalde panameño. En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), criticó que se le colocara “un GPS a la ayuda humanitaria” para comprobar dónde estaba y sostuvo que existe una supuesta campaña para sembrar dudas sobre el pueblo venezolano.
La versión que dio Mizrachi fue la contraria. En declaraciones a EFE, afirmó que el rastreo pretende rendir cuentas a los ciudadanos que donaron, en un “esfuerzo masivo”, la asistencia enviada a Venezuela. La Alcaldía de Panamá participó en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se había despachado más de la mitad, junto con aportes del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas.
De acuerdo con el alcalde, los ‘AirTags’ fueron colocados dentro de diferentes insumos, desde cajas de pañales y botellas de agua hasta detergentes. La reacción de Cabello, lejos de aclarar el episodio, acentúa el contraste entre un discurso oficial que denuncia sospechas externas y una práctica de fiscalización que, en escenarios de desastre, busca justamente asegurar que la ayuda llegue a destino.
En una crisis humanitaria de gran escala, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una advertencia institucional más amplia: cuando la supervisión de los donativos provoca una reacción airada del poder, aumenta la presión de la sociedad civil por mecanismos verificables y explicaciones claras sobre el manejo de recursos que impactan de forma directa a la población afectada.