El Gobierno de Cuba informó que acudirá el próximo 7 de julio a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, para denunciar lo que considera una escalada de presiones de Estados Unidos sobre otros países con el fin de bloquear cuestionamientos a las medidas de Washington contra la isla. La denuncia vuelve a situar en el centro del debate el uso del poder diplomático y el costo social de una confrontación que, según La Habana, ya golpea de forma directa a la población.
Bruno Rodríguez, canciller cubano, aseguró que el servicio exterior estadounidense ejerce “presiones inéditas” mediante “amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas” para impedir esa intervención en Naciones Unidas. Ya había adelantado días antes que Cuba expondrá en esa sesión lo que define como “acciones agresivas” de EE.UU., al insistir en que se trata de una situación urgente porque esa agresión “ya está en curso y existe”.
La exposición cubana pondrá el foco en el llamado cerco energético impuesto desde enero, que, de acuerdo con Rodríguez, genera “daños, privaciones y sufrimientos crecientes” a la población. Ese señalamiento refuerza un ángulo que va más allá de la disputa diplomática: cuando la presión política se convierte en deterioro de las condiciones de vida, la discusión deja de ser retórica y pasa a exigir rendición de cuentas por sus efectos concretos.
Rodríguez también afirmó que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, intenta justificar medidas que, según dijo, provocan graves daños al pueblo cubano y podrían agravarse si se impone una salida bélica. En ese escenario, la sesión solicitada por La Habana se perfila como una prueba para la comunidad internacional, tanto por la denuncia cubana como por la presión sobre los mecanismos multilaterales y el contraste entre el discurso de legalidad y las consecuencias atribuidas a esa estrategia.
El canciller añadió además que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba. Más allá de esa previsión, la cita en la ONU vuelve a colocar sobre la mesa una alerta institucional de fondo: hasta qué punto las decisiones de poder y la presión entre Estados terminan imponiéndose sobre el debate abierto, la soberanía de los países y el costo humano que pagan las sociedades.