El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CNCP) cuestionó la nueva tasa por residuos sólidos y pidió que su aplicación no dependa únicamente de la facturación de las empresas, sino también de la actividad económica y de los desechos que genera cada sector.
La posición del gremio fue planteada ante el presidente Luis Abinader y el Congreso Nacional, en torno a la Ley 98-25, que regula la contribución por el manejo de residuos sólidos. Para el CNCP, el esquema de cobro debe responder al impacto ambiental real de cada actividad y no cargar de manera uniforme sobre las ventas, como ocurre en la propuesta actual.
El planteamiento coloca sobre la mesa una discusión de fondo: cómo financiar el manejo de los residuos sin trasladar el peso de la medida de forma desproporcionada a los negocios, especialmente en un contexto donde cualquier nueva contribución tiene efecto directo sobre costos operativos y precios al consumidor.
Aunque el Gobierno impulsa la ley como una herramienta para fortalecer la gestión de los residuos, el CNCP reclama que el diseño del cobro sea revisado para que el sistema sea más proporcional, transparente y acorde con la generación efectiva de desechos. La observación también obliga a las autoridades a sustentar con mayor claridad el costo, el alcance y el impacto de la medida antes de su aplicación.