La Ley 30-26, incluida en el plan fiscal, introduce una reducción gradual del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al seguro de vida, pero el alivio total no llegará hasta 2029. Aunque la medida busca corregir una carga sobre ese producto, el análisis citado por elDinero advierte que su efecto sobre el sector asegurador será “mixto”, lo que deja abierta la pregunta sobre quiénes se beneficiarán realmente y en qué magnitud.
En términos prácticos, la nueva normativa no elimina de inmediato el impuesto ni produce un cambio uniforme para toda la industria. El ajuste será progresivo, de modo que el impacto en precios, contratación y competencia dependerá del ritmo de aplicación y de cómo cada actor del mercado absorba la modificación.
Ese diseño gradual obliga a mirar más allá del anuncio inicial. Como ocurre con cualquier cambio tributario promovido desde el Gobierno, la discusión no termina en la aprobación de la ley: también exige seguimiento sobre su costo fiscal, su transparencia y sus resultados concretos para los asegurados. Sin datos de implementación y de impacto, el beneficio puede quedar limitado a una promesa de mediano plazo.
El propio planteamiento de un efecto desigual refuerza la necesidad de evaluar si la reforma logrará aliviar a los consumidores o si, por el contrario, el beneficio se diluirá entre ajustes parciales dentro de la industria. Hasta ahora, lo que se sabe es que el alivio total al seguro de vida fue pospuesto para 2029 y que el balance general del cambio, según el análisis citado, no será homogéneo.