La República Dominicana alcanzó 82 puntos en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 y se ubicó en el segundo lugar global en transparencia presupuestaria, según la pieza publicada. El resultado coloca al país en una posición destacada en materia de acceso a la información fiscal, pero también eleva la vara sobre lo que sigue: supervisar con rigor el uso del gasto público y traducir la mejora en controles efectivos.
El dato difundido en la publicación representa un avance que merece ser reconocido por su impacto institucional. Sin embargo, en un contexto de gobierno y administración del gasto, la transparencia no debe leerse como un fin en sí mismo ni como una victoria política automática. La evaluación sobre presupuestos abiertos cobra valor cuando el acceso a la información se acompaña de rendición de cuentas, seguimiento al gasto y resultados verificables para la ciudadanía.
La propia referencia al segundo lugar mundial plantea una exigencia adicional sobre la gestión pública: que los recursos del Estado se manejen con claridad, disciplina y trazabilidad, especialmente en un escenario donde la sociedad demanda menos opacidad y más control sobre prioridades, ejecución y eficiencia. En otras palabras, una buena puntuación internacional solo adquiere sentido pleno si se traduce en mejor fiscalización y en decisiones presupuestarias que resistan examen público.
La noticia, por tanto, no solo destaca un logro técnico o estadístico. También abre una pregunta de interés ciudadano: si la República Dominicana ya figura entre los mejores evaluados del mundo en transparencia presupuestaria, el siguiente paso debe ser demostrar que esa apertura sirve para vigilar el gasto, corregir excesos y asegurar que el dinero público produzca resultados medibles.